Publicado: 24 de Noviembre de 2014

Junta y Gobierno tienen cinco días para cerrar una solución sobre el río tras anularse el traspaso de competencias - El acuerdo se atasca en el difícil encaje jurídico

La factura del fallo del Tribunal Constitucional que anuló el artículo 51 del Estatuto andaluz todavía se está escribiendo. En el debe de la Administración autónoma ya se están anotando las primeras cifras, aunque harán falta meses para saber lo grande que es el agujero abierto en las arcas a la Junta de Andalucía.

Tras el fallo del Constitucional del pasado 16 de marzo de 2011 -que supuso que en junio el Supremo anulara el traspaso de las competencias sobre el Guadalquivir- algunos regantes y un grupo de abogados empezaron a moverse. Entendían que el pronunciamiento del Constitucional implicaba la anulación de todas las sanciones impuestas por la Junta, a través de la antigua Agencia Andaluza del Agua, desde enero de 2009, cuando se hizo efectivo el traspaso de competencias.

Esos letrados -entre los que figuran los despachos Gutiérrez Labrador, de Córdoba, y Francisco Calle, de Sevilla- han acudido a los tribunales. El resultado, según la Consejería de Medio Ambiente, ha sido dispar. Los juzgados han rechazado la anulación de las sanciones en algunos casos. Sin embargo, también hay jueces que se han mostrado receptivos y han suspendido las multas.

Uno de los primeros en hacerlo fue el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 8 de Sevilla, que ni siquiera esperó a la anulación formal en junio del decreto de transferencia por parte del Supremo para resolver este asunto. El magistrado Roberto Iriarte Miguel decidió el 20 de mayo anular las resoluciones administrativas de la Junta con las que se impuso en septiembre de 2009 una sanción de 8.464,77 euros al Consorcio de Aguas de Huesna, una empresa pública que agrupa los intereses de 22 municipios. El juez entendió que sí hay efectos retroactivos. Es decir, la antigua Agencia Andaluza del Agua era "manifiestamente incompetente" para expedientar y sancionar al consorcio por los vertidos en Alcolea del Río desde que se aprobó en 2007 el Estatuto andaluz con el artículo anulado. La defensa de la Junta sostenía que la competencia para multar se perdió solo a partir del momento en el que se pronunció el Constitucional en marzo de este año.

Esta sentencia del magistrado Iriarte, que la Junta sostiene que ha recurrido ante el Supremo, sirvió de base para otro fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Sevilla. En este caso se anuló otra sanción de 601,1 euros a una empresa privada, Hormigones y Bombeos Huevar. Entre los que se han visto beneficiados por el fallo del Constitucional también hay Ayuntamientos. Es el caso del de Puente Genil (Córdoba), que ha conseguido que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 9 de Sevilla anule otra sanción de 7.446,08 euros por realizar un vertido al arroyo Barranco del Lobo.

Estos fallos, que son firmes, han llegado tan pronto al tratarse de pequeñas sanciones que pueden acogerse a los procedimientos abreviados. Lo que ocurra con multas impuestas por la Junta durante estos últimos años y que superen los 60.000 euros tendrá que decidirlo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), algo que se dilatará en el tiempo. De ahí, lo complicado de cuantificar ahora el perjuicio del fallo del Constitucional para las arcas públicas.