• La justicia europea obliga a la banca a devolver todo lo cobrado por ‘cláusulas suelo’

    La justicia europea obliga a la banca a devolver todo lo cobrado por ‘cláusulas suelo’

    21 de Diciembre de 2016

    El Tribunal de la UE falla en contra del sistema financiero español, que debe retornar al menos 3.000 millones abonados por los hipotecados antes de 2013

    EL PAIS. Bruselas 21 DIC 2016 - 11:40 CET

    Día D para el sector financiero español, que se jugaba entre 3.000 y 5.000 millones de euros por cláusulas suelo cobradas a los hipotecados antes de 2013. Salió cruz: el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) asegura hoy en una importante sentencia que deben devolver todo lo cobrado. La jurisprudencia española que limita en el tiempo los efectos de la declaración de nulidad de las cláusulas suelo en España "es incompatible con el Derecho de la Unión", según la Corte de Luxemburgo. En plata: la banca española encaja así la última bala judicial por las cláusulas suelo hipotecarias y se ve obligada a devolver hasta el último euro cobrado de más en ese asunto. Pocos minutos después de la sentencia, las entidades sufrían ya fuertes caídas en Bolsa, de más del 6% en el caso del Banco Popular y el Sabadell.

    La banca llevaba meses en vilo, para saber si tenía que devolver el dinero de las cláusulas suelo desde 2013 (cuando una sentencia de Supremo las declaró ilegales) o desde más atrás: con efectos retroactivos desde 2009. La diferencia es enorme: los citados 3.000 o 5.000 millones, según diferentes cálculos de especialistas. Solo para las entidades cotizadas, devolver el dinero que estaba en juego les supone una factura de más de 2.000 millones de euros, según los cálculos de EL PAÍS.

    El abogado general de la UE dio un soplo de aire al sector al apuntar, en julio, que las devoluciones de las cláusulas suelo tendrían límites temporales, después de que juzgados de Granada y Alicante preguntaran al TJUE si debe haber retroactividad total en las devoluciones. Pero el Tribunal (puedes leer aquí la sentencia completa) le quita la razón en lo que supone un revés formidable para el sector financiero español. "La declaración del carácter abusivo de una cláusula debe tener como consecuencia el restablecimiento de la situación en la que se encontraría el consumidor de no haber existido dicha cláusula", dice la sentencia. Traducción bíblica: hay que devolverlo todo. Hasta ahora esa devolución se hacía solo hasta mayo de 2013. "De tal limitación de tiempo resulta una protección de los consumidores incompleta e insuficiente que no constituye un medio adecuado y eficaz para que cese el uso de las cláusulas abusivas, en contra de lo que exige la Directiva", argumenta el tribunal.

    El caso viene de lejos: el Supremo consideró abusivas las cláusulas suelo hace tres años y medio. El alto tribunal dictaminó que los consumidores no habían sido bien informados de las cargas económicas que suponen esas cláusulas, que impiden que la carga de intereses de los préstamos siga bajando a partir de un determinado umbral.

    El Supremo fijó la nulidad de esas cláusulas el 9 de mayo de 2013 —y no en 2009, cuando las entidades empezaron a aplicarlas—, para proteger a la banca del impacto de las devoluciones cuando apenas pasaban unos meses del rescate financiero europeo y con el sector en medio de un mar de dudas. Esas dudas se han disipado. Pero siguen detectándose problemas puntuales: BBVA, La Caixa y Popular, junto con el Sabadell, eran los más expuestos a la sentencia, con todas las miradas centradas en el Popular después de los cambios en la cúpula y los líos de los últimos meses. Las Bolsas han reaccionado en consecuencia, aunque gran parte de ese dinero está provisionado.

    El abogado general de la UE avaló en julio la protección del Supremo a la banca por "las repercusiones macroeconómicas asociadas", por "circunstancias excepcionales": la posibilidad de alterar una vez más la estabilidad del sistema financiero. Ese respiro de julio fue solo momentáneo: la banca esperaba y temía la decisión definitiva de hoy. La Comisión Europea no comparte la tesis del abogado general: defendió la retroactividad total durante el juicio para proteger a los consumidores. Proteger a los bancos o proteger a los clientes: esa es la cuestión.

  • Sepa qué tiene que hacer si quiere cobrar la lotería que juega a medias

    Sepa qué tiene que hacer si quiere cobrar la lotería que juega a medias

    13 de Diciembre de 2016

    Hay que conservar copia del boleto y un documento con las cuotas de cada uno e identificación del depositario.

    AMALIA F. LÉRIDA Sevilla06/12/2016 08:11h - Actualizado: 06/12/2016 08:11h.

    En estas fechas es muy común compartir décimos de lotería con amigos, familiares y conocidos en general y por eso es conveniente tener en cuenta los riesgos que esto supone ante los dos supuestos más frecuentes que se dan: el extravío de los títulos y el fraude por parte de quien pretende apropiarse de un premio que no le corresponde o solo le corresponde en parte.

    Respecto del extravío o anulación de boletos premiados, dice el abogado Francisco Calle Bautista que existe jurisprudencia del Tribunal Supremo que establece las consecuencias y las obligaciones del depositario, afirmando que «el empresario receptor actúa como depositario del boleto al que debe dar el destino previsto contractualmente y por ello responde directamente ante el depositante de los daños y perjuicios causados como consecuencia de su negligencia, hasta el punto de condenar al receptor del boleto a pagar la misma cantidad que hubiera correspondido al acierto pleno del sorteo correspondiente al boleto anulado con sus intereses desde la fecha del sorteo».

    Es decir, que tanto los profesionales de los organismos oficiales de apuestas como quienes se constituyen en depositarios de los boletos antes del sorteo, asumen graves consecuencias frente a los jugadores, explica el letrado.

    Por lo que respecta a los fraudes, la casuística es muy variada y va desde quien ofrece participaciones de un número que no posee, o más participaciones de las existentes, hasta quien engaña al legítimo poseedor de un boleto premiado para hacerle creer que no lo está y cobrar el premio, actuaciones todas ellas condenables por los tribunales como delitos de estafa al haber un engaño suficiente para producir un desplazamiento patrimonial en favor del autor.

    «Como medidas de precaución en casos de compartir apuestas, recomiendo conservar copia del boleto o boletos así como tener un documento en el que se especifiquen las cuotas que juega cada uno y quién es el depositario de los títulos, documento que puede habilitarse mediante cruce de correos electrónicos o vía Whatsapp, por ejemplo», termina Francisco Calle Bautista.

  • Cuidaba a mi abuela con alzhéimer y le quitó sus alhajas

    Cuidaba a mi abuela con alzhéimer y le quitó sus alhajas

    28 de Abril de 2016

    La fámula vendía las joyas de gran valor sentimental y no se han podido recuperar porque se han fundido para su comercio.

    AMALIA F.LÉRIDA- abcdesevillaSevilla - 27/04/2016 a las 23:15:58h. - Act. a las 08:05:47h.

    Cuidaba a una abuela con alzhéimer que vivía en Los Bermejales y en poco más de un año, aprovechando los descuidos de la familia o que estaba sola en el domicilio, se hizo con las alhajas familiares de toda una vida que luego vendía en establecimientos de compraventa de oro, y a su propio nombre.

    Ahora que la anciana y víctima ha muerto —falleció después del suceso— se ha conocido la sentencia de unos hechos calificados como delito de hurto continuado, que se produjeron hace ya un lustro, concretamente durante los años 2011 y 2012.

    La condenada, de 52 años de edad tendrá que indemnizar a la familia pero las joyas no se las puede devolver ya que tras la venta han sido fundidas; ni tasar porque procedían de herencias de padres, abuelos, regalos de familia y conmemoraciones de efemérides y su valor sentimental no es cuantificable.

    El juzgado de lo Penal número 14 de Sevilla ha dictado sentencia de conformidad con la acusada, A.M.S. que la condena como autora de un delito continuado de hurto —artículos 234.1 y 74 del Código Penal—, a las penas de 18 meses de prisión con accesoria de inhabilitación especial del derecho de sufragio pasivo durante la condena, y a indemnizar a la hija y a la nieta de C.N. con el pago de 13.467,83 euros y de las costas procesales.

    En este asunto ha ejercido la acusación particular como letrado Francisco Calle Bautista para las dos perjudicadas: R.M., hija de C.N. y M.A., hija de la primera.

    Desde marzo de 2011 hasta el 30 de junio de 2012, la acusada A.M. había trabajado en el domicilio sito en avenida de Francia de Sevilla, en el barrio de Los Bermejales, cuidando de la madre y abuela de las querellantes.

    Durante ese tiempo se apoderó de numerosas joyas propiedad de la familia y luego, entre el 14 de noviembre de 2011 y el 12 de julio del año siguiente,las vendió en establecimientos de compraventa de oro a su propio nombre por un valor total de 13.467,83 euros, según se desprende del atestado de la Policía Nacional.

    Los contratos estaban firmados por la condenada en las cuatro tiendas a las que acudió y los efectos hurtados fueron todos reconocidos por las perjudicadas en las diferentes fotografías que les fueron exhibidas en el transcurso de la investigación llevada a cabo por la Policía.

    No se ha podido recuperar ninguna de las piezas sustraídas porque al poco tiempo de ser vendidas en esos establecimientos oficiales son fundidas para comerciar con el oro, por lo que pierden todo su valor artístico, «y lo que es aún más doloroso, el valor sentimental que muchas de esas joyas tenían para las víctimas», señala el abogado.

    «Este valor sentimental no ha sido cuantificado, no puede ser cuantificado, por el perito tasador del juzgado, lo que implica que el sentimiento de pérdida y por ende, el perjuicio sufrido por mis clientes sea mucho mayor y no quede resarcido solo con los 13.467,83 euros antes referidos», agrega Calle Bautista.

    Además, el letrado destaca que la autoría de la acusada es más patente, si cabe, ya que hay que tener en cuenta que la desaparición de las joyas de gran valor sentimental para la familia del citado domicilio en el que trabajaba y en el que únicamente vivían al tiempo de los hechos las perjudicadas y la anciana, se produjo sin empleo de fuerza alguna en el lugar donde se encontraban.


  • ¿Reclamaría 466 euros de una multa si el pleito le costara 600?

    ¿Reclamaría 466 euros de una multa si el pleito le costara 600?

    22 de Abril de 2016


    AMALIA F. LÉRIDASevilla - 22/04/2016 a las 07:41:48h. - Act. a las 07:42:02h.

    Cuando cuesta más el collar que el perro, como reza la expresión popular, nadie emprende un tedioso camino y menos para ir a los tribunales. Y, mucho menos, contra la Administración.

    Esa es la razón por la que la mayoría de los contribuyentes prefiere pagar una multa de tráfico antes de optar por un contencioso administrativo una vez que su recurso no ha prosperado ante el organismo sancionador.

    El caso del jubilado de Sevilla Eulogio Castaño Medina es un ejemplo de que es más rentable pagar que litigar pero además, pone de manifiesto elcoste material y humano que supone acudir a los ya de por sí colapsados juzgados, un gasto que, al final, acaba pagando el contribuyente.

    A este pensionista que percibe cada mes 800 euros le pusieron el año pasado una multa en la calle Madre Rafols por estacionar haciendo caso omiso a una placa de vado porque estaba mal colocada y prueba de ello es que al día siguiente de denunciarlo en ABC se puso en su sitio.

    La grúa también se llevó su coche por lo que hubo de abonar 200 euros de la sanción y 266,15 por la tasa de retirada de vehículos.

    Pues bien, tras un año de infructuosos recursos al Ayuntamiento de Sevilla, de idas y venidas reclamando la devolución de la multa, ha decidido interponer un contencioso administrativo. O sea, acudir a los tribunales. Ha recurrido a la justicia gratuita porque le asiste ese derecho debido a los ingresos que tiene como pensionista.

    Así, y según los baremos actuales del contencioso-administrativo ofrecidos por el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, el procedimiento abreviado tiene un coste de 144 euros y el ordinario, 198. En este caso de Castaño Medina, al tratarse del abreviado , y al no hacer falta procurador, su letrado, Francisco Calle Bautista, percibirá 144 euros de la Consejería de Justicia en concepto de retribución. O sea, es dicho departamento el que paga al letrado y con fondos públicos y además, desde enero del año pasado los está haciendo sin retrasos, según Gallardo.

    Sin embargo, si Castaño Medina no fuese pensionista y hubiese tenido que contratar la asistencia jurídica de un profesional, los honorarios serían de 520 euros más 109,2 de IVA, como mínimo, según detalla Calle Bautista quien aclara que no tendrá que abonar tasas judiciales porque es persona física y tampoco interponer recurso pues, por la cuantía del pleito, no hay lugar.

    También afirma que el Ayuntamiento en este caso puede allanarse a la demanda y devolver el dinero reclamado, sin necesidad de que se inicie el proceso si bien añade «que no es lo habitual».

    De modo que, vistos los costes para el particular puede deducirse que, en la mayoría de los casos, el conductor prefiere abonar la multa antes que recurrirla en el juzgado. Es más, hasta se paga en período voluntario con un 50% de bonificación porque el recurso en la vía administrativa tampoco llega a buen puerto.

    De todas formas, sea con justicia gratuita o privada, además de los honorarios del abogado, hay otros costes y gastos que no se pueden cuantificar pero que se deducen de las fases del procedimiento.

    Aunque se trata de un asunto menor por la cuantía, lo cierto es que debe tramitarse todo un procedimiento judicial, en este caso, abreviado, con todas sus fases excepto la de contestación a la demanda.

    «Es decir — explica Calle— tendrá su acto de juicio con deber de asistencia de las partes, testigos y/o peritos en su caso, notificaciones cursadas y, documentos aportados, entre otras fases; y, la fecha de señalamiento del juicio puede estar entre un año y año y medio, dada la saturación de los juzgados, que aún más lo estarán si tienen que tratar asuntos como este».

    Dice que para a evitar llegar al procedimiento judicial, el Ayuntamiento ha tenido la posibilidad de estimar el recurso de Eulogio Castaño Medina contra la sanción porque «concurren circunstancias evidentes de anulación, pero no lo ha hecho, y ha obligado al ciudadano a acudir a los tribunales, máxime teniendo en cuenta que el propio Ayuntamiento ha incumplido el deber que le impone la Ley de dictar resolución expresa en el plazo de tres meses, cosa que no ha hecho, insisto».

    Pero no solo se emplean recursos públicos en la Administración de Justicia, sino también en el Ayuntamiento de Sevilla que debe seguir su propio procedimiento interno, aportar el expediente administrativo al juzgado y defender su posición en el juicio, con los costes económicos que ello implica.

    Este abogado entiende que la Justicia debe dedicarse a asuntos de mayor trascendencia y más «tratándose de la jurisdicción contencioso-administrativa, en la que las Administraciones Públicas siempre están presentes y deben servir con objetividad los intereses generales y actuar de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación».

    No pasa por alto que asimismo deben respetar los principios de buena fe y de confianza legítima y regirse por los de cooperación y colaboración, y por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos.


  • ¿Cómo pago yo una multa de 466 euros con una pensión de 800?

    ¿Cómo pago yo una multa de 466 euros con una pensión de 800?

    19 de Abril de 2016


    AMALIA F.LÉRIDA- abcdesevillaSevilla - 19/04/2016 a las 07:02:51h. - Act. a las 07:02:56h.

    Ha pasado cerca de un año y el pensionista Eulogio Castaño Medina ya se ha cansado de recurrrir ante el Ayuntamiento de Sevilla una multa que le pusieron en la calle Madre Rafols el 16 de mayo de 2015 por mor de una placa que no estaba instalada debidamente y que le condujo a él, y a otros muchos conductores, a un error que se tradujo en una sanción de 200 euros y en una tasa de 266,15 que hubo de pagar porque la grúa se llevó su coche.

    Harto de preguntar aquí y allá y de presentar escritos, ha recurrido a la asistencia juridica gratuita, que se paga con fondos públicos, para interponer un contencioso-administrativo ya que tiene una pensión de 800 euros y le asiste ese derecho.

    Su abogado, Francisco Calle Bautista, presentó la demanda el pasado día 4 solicitando la anulación de la sanción de 200 euros más la devolución de la tasa de retirada de vehículos por importe de 266,15, «como reconocimiento de una situación jurídica individualizada», y las costas del procedimiento, pues el Ayuntamiento no ha atendido el recurso interpuesto en vía administrativa por el sancionado y le ha obligado a acudir a la vía contencioso-administrativa en la que es preceptiva la intervención de letrado.

    «Vemos —explica el abogado— que la sanción ha sido impuesta exenta de cualquier atisbo de culpabilidad en el presunto infractor, elemento este de culpabilidad cuya concurrencia es de todo punto necesaria e imprescindible según ha reiterado la jurisprudencia, tratándose este caso de un error excusable, incluso inducido por quien colocó la placa fuera del dintel de la puerta del garaje al que debía afectar, y no sobre la misma puerta».

    Añade que al siguiente día de la publicación del caso en ABC de Sevilla la placa de vado permanente que originó la denuncia y la sanción que se ha recurrido fue cambiada por alguien al lugar en que siempre debió estar, es decir, sobre la misma puerta de acceso al garaje y no junto a ella, incluso fuera del dintel de la puerta del garaje, como estaba el día de la denuncia. «Eso supone —sigue— un reconocimiento expreso de la errónea e indebida ubicación de dicha placa que indudablemente ha inducido a error a mi cliente cuando estacionó su vehículo».

    La grúa estuvo haciendo caja en la calle Madre Rafols hasta que el día 29 de mayo, justo al hacerse pública la denuncia del jubilado, se colocó en su sitio la placa. Estaba a la altura del número 2 de Madre Rafols originando supuestos estacionamientos indebidos por parte de los conductores a los que la grúa retiraba su coche y la Policía Local multaba con el consiguiente desembolso de dinero, que supera los 400 euros. Afectaba a una entrada de mercancías de un comercio y estaba a 54 centímetros de distancia, cuando, según el Ayuntamiento de Sevilla, ha de ponerse en la misma puerta.

    Así lo confirmaron entonces a ABC fuentes de la Gerencia Municipal de Urbanismo. «El vado va justo en la puerta», precisaron.

    Pero además, se daba la circunstancia de que el vado en cuestión estaba adosado a la pared justo detrás de otra señal vertical de carga y descarga fijada cerca del borde de la acera por lo que el conductor, cuando llega, como no ve indicación en la puerta del comercio y sí la citada señalización se preocupa de no superar el límite de esta placa que sí está lo suficientemente visible y no conlleva confusión alguna.

    Eulogio Castaño Medina, como muchos vecino de Los Remedios que cada día pasan un calvario para aparcar, estacionó en esa zona a las once de la noche del 15 de mayo del pasado año después de dar varias vueltas por el barrio preocupándose mucho de no superar la señal de carga y descarga ya que a una amiga suya por rebasar 30 centímetros esa placa la multaron con 200 euros.

    Aparcó y se fue. Tan seguro estaba de que había actuado correctamente que hasta el día 20 que lo necesitaba no fue a recoger el coche.

    Por la mañana, cuando llegó, vio que no estaba y ahí empezó su odisea antecedida por un gran susto pues pensó que se lo habían robado.


  • El perro Athos de Kromyousa vuelve a manos de su legítimo dueño

    El perro Athos de Kromyousa vuelve a manos de su legítimo dueño

    27 de Julio de 2015

    Los registros en las asociaciones o clubes de perro, así como los datos de titularidad que obran en los microchips de los perros, carecen de eficacia en el orden civil para acreditar el dominio y no constituyen prueba suficiente.

    El Juzgado Mixto nº 4 de Utrera (Sevilla) ha dictado sentencia que ordena a J.A.R.G. entregar a nuestro cliente D.R.N. residente en Tenerife, el perro ATHOS DE KROMYOUSA que tenía en su poder, en tanto que ha estimado la demanda formulada por el despacho FRANCISCO CALLE Abogados en nombre de D.R.N. para recuperar la propiedad del citado perro, propiedad que era discutida por el demandado alegando que el anterior dueño, mediante acuerdo verbal, le cedió la propiedad y posesión del perro en marzo del año 2011 a cambio de asumir el demandado todos los gastos de mantenimiento, adiestramiento, preparación y presentación a certámenes y que le instaló un microchip en septiembre de 2011, figurando él como propietario.

    Afirma la citada sentencia -que es firme por no haber sido recurrida por ninguna de las partes-, que de las pruebas practicadas en el acto de la vista, así como de las obrantes en autos, resulta acreditado que el único que posee título jurídico y válido de propiedad sobre el perro litigioso es el actor, dado que es quien compra el mismo de su primer propietario, J. L. C. (propiedad la de éste no negada de contrario), como consta en el contrato de compraventa de fecha 16 de junio de 2013 (doc. nº 1 de la demandada), contrato que no se ha impugnado por la parte demandada y que, por tanto, goza de pleno valor probatorio del negocio jurídico al que hace referencia.

    Frente a dicho título jurídico plenamente válido, no pueden prevalecer las alegaciones del demandado para sostener su legítima titularidad sobre el animal, puesto que, por un lado, el propio J.L.C. negó, en el acto de la vista, haber transmitido la propiedad del perro al demandado, sólo la posesión para su adiestramiento y, por otro lado, el propio demandado, en su escrito de contestación, manifiesta que, en dicho trato, acordaron que J.L.C.  seguiría constando como propietario del perro ante el Real Club Español del Perro Pastor Alemán y, a su vez, que el microchip lo implantó previo acuerdo con J.L.C., lo que demuestra que tales registros en las asociaciones o clubes de perro, así como los datos de titularidad que obran en los microchips, cuanto menos, de los perros, carecen de eficacia en el orden civil para acreditar el dominio y no constituyen prueba suficiente, máxime cuando consta que, tanto el actor como el demandado, tienen documentación acreditativa de sendos microchips, conforme a los que el perro estaría a nombre tanto de uno como de otro, por lo que poca certeza se desprende de dicho medio de identificación, no ya del animal, sino del que se atribuya su propiedad. 

    Esto es así, sobre todo cuando, como en el presente caso, existe un contrato de compraventa válido y eficaz no controvertido, conforme al que el actor es el dueño del perro por habérselo vendido su anterior propietario, J.L.C. y atendiendo a las propias alegaciones del demandado. En este sentido, como se ha expuesto, el propio demandado se contradice con los argumentos que pretende usar para hacer valer su titularidad frente al actor, dado que basa la legitimidad de su propiedad en los registros del Real Club Español del Perro Pastor Alemán en donde el perro figura a su nombre, y en que el perro tiene implantado un microchip también a su nombre y, sin embargo, en su escrito de contestación, reconoce que acordó con J.L.C. que mantuviera su propiedad en el citado club y que el microchip se lo puso al perro previo acuerdo con el mismo, lo que evidencia, por una parte, que reconoce que el perro era propiedad de J.L.C. aunque él lo poseía y, como se ha dicho, que ningún valor jurídico de eficacia plena tienen, ni los datos que obran en el citado club ni en el microchip del perro.

    Conclusiones, las anteriores, que, por otra parte, fueron corroboradas por el testigo que depuso en el acto de la vista, A.M.S., Presidente de la Delegación del Real Club Español del Perro Pastor Alemán en Andalucía, quien declaró que, en el citado club, están expectantes ante este proceso, a los efectos de considerar o no al demandado como dueño del perro, lo que revela, una vez más, que todos los documentos que posee el demandado y que pretende hacer valer en este litigio para acreditar su legítima y prevalente propiedad sobre el perro, carecen de valor probatorio pleno y, en ningún caso, frente a un contrato válido de compraventa como el aportado por el actor, debiendo prosperar la acción reivindicatoria ejercitada por él.


  • Condenan a la Agencia Obras Públicas a indemnizar a una anciana que se cayó en las obras del metro

    Condenan a la Agencia Obras Públicas a indemnizar a una anciana que se cayó en las obras del metro

    29 de Diciembre de 2014

    Ideal, 28/12/2014

    Tropezó con una especie de "clavo grande" que fijaba una tapa de registro situada en el pavimento y que se quedó levantado después de que los operarios de las obras del metro la manipularan

    El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Granada ha condenado a la Agencia de Obras Públicas de la Junta de Andalucía a indemnizar con 5.229 euros a una anciana que se cayó al tropezar con una tapa de registro que se encontraba en una zona de intervención de las obras del metro y que había sido manipulada por los operarios de las mismas.

    La mujer, defendida por el Despacho Francisco Calle Abogados, tenía 74 años cuando sufrió la caída, que se produjo en marzo de 2010 en la esquina de la avenida de la Constitución con la avenida de Andaluces. Allí tropezó con "una especie de clavo grande" que fijaba una tapa de registro situada en el pavimento y que se quedó levantado después de que los operarios de las obras del metro la manipularan.

    La mujer necesitó 75 días para recuperarse de las lesiones sufridas, diez de ellos de estancia hospitalaria y a consecuencia de la caída sufrió secuelas que, según el informe del perito judicial, consistieron en "fracturas costales con dolor", según consta en la sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press.

    Aunque presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial ante la Junta, esta administración la desestimó. Esto le llevó a presentar un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Granada, que lo ha estimado parcialmente.

    Así, la sentencia considera que la Agencia de Obras Públicas debe indemnizar a la recurrente por las lesiones que presenta, puesto que los operarios de la obra no adoptaron las medidas adecuadas para mantener la tapa de registro que se encontraba en la vía pública en condiciones de seguridad para los transeúntes, "máxime, cuando se encontraba en el centro de una confluencia de avenidas por la que transitan personas de todas las edades y con todo tipo de minusvalías".

    Aunque la zona donde ocurrió la caída se encontraba fuera de las obras de la línea 1 del metro, tal y como consta en el informe técnico presentado, la titular del Juzgado matiza que para la ejecución de estos trabajos se manipuló la tapa y varios operarios remacharon luego el tornillo tras haber sido avisados por comerciantes de la zona de que sobresalía del nivel del suelo, circunstancia que "presupone una clara asunción de responsabilidad".

    La defensa de la anciana solicitó que la indemnización ascendiera a 48.476 euros, aunque su recurso ha sido estimado parcialmente y la cantidad se ha reducido a 5.229 euros, teniendo en cuenta el periodo que requirió para recuperarse y aplicando el sistema de valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación.

  • Condenada por hurtar 30.000 euros en la casa en que trabajaba

    Condenada por hurtar 30.000 euros en la casa en que trabajaba

    26 de Noviembre de 2014

    Estaban dentro de un sobre en un mueble de la cocina

    Una mujer de nacionalidad ecuatoriana ha sido condenada, por conformidad entre las partes, a seis meses de cárcel como autora de un delito de hurto perpetrado al apoderarse de un sobre que contenía 30.000 euros en una vivienda en la que trabajaba prestando labores de limpieza por horas.

    Dado que "en fechas posteriores" la ya condenada devolvió 15.500 euros a la familia para la que trabajaba, esta mujer ha sido condenada además a entregar los 14.500 euros restantes esta familia en un plazo máximo de 24 meses, toda vez que la pena de prisión queda suspendida si en el citado periodo la condenada no vuelve a delinquir y entrega la indemnización.

    Ana C. trabajaba como empleada de hogar en la vivienda de Pilar V.N., que está representada por el letrado Francisco Calle, y que, según la sentencia condenatoria, guardaba el citado sobre en un mueble de la cocina de la casa.
     

  • Francisco Calle: “Subir impuestos no es una manera efectiva para estimular la inversión"

    Francisco Calle: “Subir impuestos no es una manera efectiva para estimular la inversión"

    26 de Noviembre de 2014

    Entrevista a Francisco Calle Bautista (Sevilla - 1964), socio fundador de Francisco Calle Abogados, es abogado colegiado nº7.014 del Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla. Especialista en Derecho Administrativo, Procesal y Mercantil, asesora a empresas de diversos sectores como el industrial, agroalimentario, gestión de servicios públicos e inversores extranjeros, entre otros. Su práctica procesal constante desde su colegiación en 1989 le ha aportado una amplia experiencia en distintos ámbitos. 

    Como especialista en el asesoramiento jurídico a empresas y particulares, el abogado sevillano Francisco Calle ha alertado que la subida de impuestos, aunque sea temporal, detrae los recursos económicos en manos privadas que podrían destinarse a la inversión, y ha anticipado que la falta de financiación, el acceso al crédito y los impagos son las principales preocupaciones para los empresarios.

    ¿Cuáles son las principales demandas recibidas por el entorno empresarial en el ámbito jurídico?

    Actualmente, en el marco de la crisis económica que estamos padeciendo, las empresas inciden especialmente en asegurar el cobro de sus créditos en la medida de lo posible, minimizando los riesgos de impago, así como agilizar e incluso evitar los posibles procedimientos en los tribunales mediante acuerdos transaccionales que pongan fin al litigio aún a costa de aceptar una quita en el principal, renuncia a intereses y costas, etc. En definitiva, tratan de eliminar incertidumbres respecto del resultado de los pleitos y de ganar el tiempo que no tienen para cobrar.

    ¿Existen muchas diferencias entre las peticiones realizadas por las empresas nacionales y las compañías extranjeras residentes en España? 

    Existen notables diferencias en tanto que las empresas y particulares extranjeros no conocen por regla general ni el sistema jurídico español y, a veces, ni siquiera el idioma, por lo que la labor del despacho es mucho más didáctica, si se me permite la expresión, y está claramente orientada a la prevención de la controversia mediante el asesoramiento previo, más que a la resolución de litigios de resultado incierto y resolución lentísima. En este sentido, la redacción de contratos, asesoramiento en inversiones, constitución de sociedades y asesoramiento fiscal constituyen las actuaciones profesionales más demandadas a nuestro despacho por extranjeros con intereses en España.

    ¿Cuáles son los sectores de actividad que recurren con mayor frecuencia a este asesoramiento jurídico?

    En la situación que tenemos hoy día, no aprecio una mayor incidencia de un cierto sector de actividad respecto de otro en lo que se refiere al asesoramiento jurídico, salvo casos en que la especialidad concreta de cada despacho pueda determinar esa incidencia. Casi todos los sectores requieren asesoramiento en derecho concursal por ejemplo, no solo el constructor e inmobiliario, y todos se ven afectados por la situación de crisis actual. Por ello, más que hablar de sectores de actividad con mayor necesidad de asesoramiento, habría que hablar de una concentración de casi todos los sectores en especialidades y actuaciones jurídicas específicas.

    A día de hoy, ¿qué cuestiones son los que preocupan en mayor medida a los empresarios en general?

    Me atrevo a decir que en esencia son dos: la falta de financiación y acceso al crédito, lo que dificulta enormemente la inversión, la investigación más el desarrollo y, en definitiva, el normal desenvolvimiento del negocio, por una parte; y la elevada morosidad que lastra las cuentas de resultados y, en algunos casos, puede llevar al extremo del cese empresarial, por otra. De esas dos grandes cuestiones, se desgajan otras como la morosidad de las Administraciones Públicas, la falta de incentivos a la creación de empleo, la presión fiscal, etc.

    ¿Hay inquietud entre sus clientes por la situación que atraviesa España?

    Le pongo un ejemplo de unos clientes británicos a quienes asesoramos el año pasado en una inversión en España para emprender un negocio hotelero. En mayo se presentaron en el despacho diciendo que como en la prensa alguien había declarado que el euro no iba a durar más de tres meses, pues cancelaban el proyecto y, consecuentemente, la iguala que el despacho tenía con ellos. Tras una extensa reunión en la que se habló de lo divino y lo humano, quedaron en comunicar su decisión final pasados unos días, lo que hicieron con el resultado de mantener el proyecto vivo pero solo por trimestres. ¡Fíjese! Respecto de clientes nacionales son de sobra conocidas a estas alturas, ya que coinciden con el sentir general del empresariado de nuestro país.

    ¿Qué mejoras plantearían para reactivar el sector empresarial, el empleo y la fluidez de crédito en nuestro país?

    Las tres cosas están íntimamente relacionadas aunque quizás no sean suficientes por sí solas. Veo difícil que se reactive el empleo si no fluye el crédito para permitir respirar a las empresas que aún subsisten y además para que inviertan aquellos sectores productivos más pujantes que podrían tirar del empleo. En este sentido, la recapitalización de la banca debería estar claramente condicionada a conceder préstamos a la inversión empresarial, especialmente la banca nacionalizada y la pública. Por otra parte, subir impuestos aunque sea temporalmente como se afirma, no es la manera más efectiva de estimular la inversión, puesto que detrae recursos económicos en manos privadas que podrían destinarse a la inversión.

    Desde su punto, ¿debe pedir España el rescate cuanto antes?

    Si supiéramos bien en qué consiste el rescate, las condiciones que se impondrán y el plazo para su cumplimiento, podríamos responder y opinar sobre eso. Creo que España no pide el rescate porque no sabe si va a ser igual que el de Grecia, Irlanda y Portugal, o bien va a ser una fórmula mixta especial para nuestro país. También creo que si se pidiese el rescate debería ser para mejorar en todos los aspectos, no solo en la presión de los mercados. En otras palabras, el rescate a cualquier precio, no.

    ¿Qué soluciones sugieren para mejorar la visión exterior de España y reducir las presiones de los mercados?

    La reducción del gasto público en todos los niveles administrativos, la simplificación de estructuras en las Administraciones Púbicas, la eliminación de duplicidades y triplicidades competenciales, la supresión de empresas públicas sobredimensionadas e ineficientes, la lucha contra la corrupción y el fraude fiscal, etc. En definitiva, intentar ser un país unido, serio y fiable a los ojos de nuestros vecinos europeos y del resto del mundo. Sé que es una labor ingente, pero si no aprovechamos la circunstancia de la crisis para hacer esto, no lo haremos nunca; en realidad, nunca se debería haber llegado a esta situación, con crisis o sin ella.

     ¿Están los empresarios suficientemente protegidos y amparados por la Ley o, por el contrario, se deberían mejorar algunas cuestiones a este respecto? 

    La administración de Justicia debería ser reformada en profundidad para hacer frente a los retos que plantea la situación actual. En ese sentido, es apremiante la creación de nuevos Juzgados, la dotación de medios materiales y personales suficientes y modernos, simplificación de procesos, potenciación de mecanismos alternativos de resolución de conflictos, etc. Y por supuesto, la eliminación de la Ley de Tasas judiciales que supone un auténtico atentado contra el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, en tanto que impone en la práctica una justicia para ricos o grandes corporaciones, dejando indefenso al resto de la sociedad. Es como si para eliminar las listas de espera en los hospitales, cobrasen una tasa abusiva que persuadiese al enfermo de apuntarse a ella. Por otra parte, no puede consentirse que estén paralizados en los juzgados y tribunales miles de millones de euros por la lentitud de la justicia, ya que ese dinero podría y debería estar produciendo empleo e inversión.

    La delicada situación económica de España ha cambiado de forma significativa el sector de los servicios jurídicos a nivel mundial. Podemos decir, pues, que estamos ante un cambio de la actividad de la abogacía en general para adaptarse a los nuevos retos ¿Cómo será el perfil del abogado del futuro? ¿Qué cuestiones deberá mejorar y cuáles se mantendrán para adaptarse satisfactoriamente a los nuevos tiempos?

    La relación profesional con el cliente basada en la confianza, así como el compromiso de calidad en el servicio son notas inherentes a la esencia de la profesión de abogado, y que por tanto permanecerán inalterables. Por su parte, en lo que se refiere al futuro, considero que el abogado deberá adoptar una actitud más proactiva en la evaluación de riesgos para el cliente, prevención de controversias y agilidad en la resolución de  conflictos, potenciando además el uso de nuevas tecnologías y de idiomas.

    Al sector de la Abogacía, ¿cómo le ha afectado la crisis? Teniendo en cuenta esto, ¿cómo prevé el futuro del sector?

    Es sabido que los abogados tenemos últimamente mucho trabajo pero no cobramos tanto, y eso es cierto al menos en esta segunda parte de la crisis que yo sitúo desde comienzos de 2011 en adelante. Sin embargo al principio, el volumen de trabajo aumentó considerablemente y la facturación también, por lo que puede decirse que ambas fases se compensan entre sí. Lo que ocurre es que si seguimos así mucho tiempo más, el saldo será netamente negativo, por eso urge que fluya el crédito y la inversión, dado que es el caldo de cultivo de nuevos asuntos para los abogados en tanto que los conflictos surgidos por mor de la crisis están terminando.

    Mantiene un especial interés y vocación por el Derecho Administrativo, el Derecho Civil y el Mercantil. ¿Por qué? 

    Son especialidades jurídicas demandadas en todo momento porque inciden muy directamente en el mundo de la empresa junto con otras como el Derecho Laboral y Fiscal. Además, son igualmente demandadas por particulares, por lo que se llevan en la mayoría de los despachos. En el caso de INITIUM, podemos acreditar una amplia experiencia en procesos contencioso-administrativos, civiles, y  en Derecho Penal económico, así como asesoramiento en materia mercantil y concursal fundamentalmente.

    Hasta la fecha, ha escrito numerosos artículos y libros ¿se plantea escribir alguna obra a corto y medio plazo? ¿Sobre qué temas?

    Me gusta escribir sobre casos reales llevados en el despacho porque así se muestra de forma más directa la aplicación del derecho vivo en la práctica. Actualmente estoy redactando un artículo sobre una reclamación de indemnización por incumplimiento contractual contra un cliente, cuyo importe es el mismo que el precio pactado en el contrato, por lo que consideramos abusiva la cláusula que establece esta posibilidad. También tengo en proyecto un artículo sobre una cuestión de inconstitucionalidad que hemos solicitado al TSJA que eleve al Tribunal Constitucional con motivo de la aplicación de la Ley 53/2002 que creó la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo.

  • Rompecabezas legal en el Guadalquivir

    Rompecabezas legal en el Guadalquivir

    24 de Noviembre de 2014

    Junta y Gobierno tienen cinco días para cerrar una solución sobre el río tras anularse el traspaso de competencias - El acuerdo se atasca en el difícil encaje jurídico

    La factura del fallo del Tribunal Constitucional que anuló el artículo 51 del Estatuto andaluz todavía se está escribiendo. En el debe de la Administración autónoma ya se están anotando las primeras cifras, aunque harán falta meses para saber lo grande que es el agujero abierto en las arcas a la Junta de Andalucía.

    Tras el fallo del Constitucional del pasado 16 de marzo de 2011 -que supuso que en junio el Supremo anulara el traspaso de las competencias sobre el Guadalquivir- algunos regantes y un grupo de abogados empezaron a moverse. Entendían que el pronunciamiento del Constitucional implicaba la anulación de todas las sanciones impuestas por la Junta, a través de la antigua Agencia Andaluza del Agua, desde enero de 2009, cuando se hizo efectivo el traspaso de competencias.

    Esos letrados -entre los que figuran los despachos Gutiérrez Labrador, de Córdoba, y Francisco Calle, de Sevilla- han acudido a los tribunales. El resultado, según la Consejería de Medio Ambiente, ha sido dispar. Los juzgados han rechazado la anulación de las sanciones en algunos casos. Sin embargo, también hay jueces que se han mostrado receptivos y han suspendido las multas.

    Uno de los primeros en hacerlo fue el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 8 de Sevilla, que ni siquiera esperó a la anulación formal en junio del decreto de transferencia por parte del Supremo para resolver este asunto. El magistrado Roberto Iriarte Miguel decidió el 20 de mayo anular las resoluciones administrativas de la Junta con las que se impuso en septiembre de 2009 una sanción de 8.464,77 euros al Consorcio de Aguas de Huesna, una empresa pública que agrupa los intereses de 22 municipios. El juez entendió que sí hay efectos retroactivos. Es decir, la antigua Agencia Andaluza del Agua era "manifiestamente incompetente" para expedientar y sancionar al consorcio por los vertidos en Alcolea del Río desde que se aprobó en 2007 el Estatuto andaluz con el artículo anulado. La defensa de la Junta sostenía que la competencia para multar se perdió solo a partir del momento en el que se pronunció el Constitucional en marzo de este año.

    Esta sentencia del magistrado Iriarte, que la Junta sostiene que ha recurrido ante el Supremo, sirvió de base para otro fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Sevilla. En este caso se anuló otra sanción de 601,1 euros a una empresa privada, Hormigones y Bombeos Huevar. Entre los que se han visto beneficiados por el fallo del Constitucional también hay Ayuntamientos. Es el caso del de Puente Genil (Córdoba), que ha conseguido que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo 9 de Sevilla anule otra sanción de 7.446,08 euros por realizar un vertido al arroyo Barranco del Lobo.

    Estos fallos, que son firmes, han llegado tan pronto al tratarse de pequeñas sanciones que pueden acogerse a los procedimientos abreviados. Lo que ocurra con multas impuestas por la Junta durante estos últimos años y que superen los 60.000 euros tendrá que decidirlo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), algo que se dilatará en el tiempo. De ahí, lo complicado de cuantificar ahora el perjuicio del fallo del Constitucional para las arcas públicas.

  • La Junta puede perder millones por la anulación de multas del Guadalquivir

    La Junta puede perder millones por la anulación de multas del Guadalquivir

    24 de Noviembre de 2014

    Los jueces se amparan en la sentencia del Constitucional para declarar incompetente a la Agencia del Agua

    Entre el 1 de enero de 2009, cuando la Junta asumió oficialmente la gestión del Guadalquivir, y el 7 de abril de 2011, fecha en la que el Gobierno central otorgó a Andalucía una encomienda de gestión tras anular el Constitucional el 16 de marzo de este año las competencias sobre el río recogidas en el artículo 51 del Estatutode Autonomía, la Agencia Andaluza del Agua, entidad que dirige Juan Paniagua, abrió cientos de expedientes sancionadores que podrían ser invalidados si están en proceso de recurso, y el dinero de las multas no llegaría a las arcas de la Administración.

    El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Sevilla anuló recientemente una resolución emitida en marzo de 2010 por la Agencia Andaluza del Agua para confirmar la sanción impuesta a una empresa del municipio sevillano de Huévar. La instancia judicial consideró «incompetente» a la Agencia Andaluza del Agua para tomar este tipo de decisiones en la cuenca del Guadalquivir tras haber anulado el Constitucional el artículo 51 del Estatuto sobre las competencias del río. El texto estatutario entró en vigorel 19 de marzo de 2007, aunque la Junta asumió efectivamente las competencias por un Decreto del Gobierno validado el 1 de marzo de 2009, fecha en la que la Agencia del Agua comenzó a ejercer las funciones sancionadoras en la cuenca del Guadalquivir. El Decreto en custión fue anulado también por decisión del Tribunal Supremo.

    La mencionada sentencia reproducía a su vez el contenido del fallo de otro Juzgado, el de lo Contencioso Administrativo número 8 de Sevilla, por un caso similar, donde se resalta que el «vicio» del conflicto no se origina con la publicación de la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional en junio del presente año, sino «desde el momento de la entrada en vigor del precepto estatutario anulado, que asumió competencias que corresponden al Estado».

    Precedente

    Ese extremo ha sido subrayado en declaraciones a ABC por el abogado Francisco Calle, cuyo despacho intervino en el caso que dio pie a la sentencia de la empresa de Huévar. En su opinión, «todos los procedimientos sancionadores que estén vivos, que se hayan recurrido y no estén culminados, se les debería aplicar esta doctrina. Y la pregunta es: ¿la deben aplicar los tribunales de oficio o tiene que haber una alegación?. En nuestro caso hemos alegado, pero también debería aplicarse de oficio».

    Según Francisco Calle, serían «miles» los casos pendientes de resolver, y millones los euros que la Junta podría dejar de ingresar con una cascada de sentencias desfavorables a sus intereses. A modo de ejemplo, indicó el letrado que uno de recursos en los que trabaja actualmente es el de un expediente en el que la Agencia reclama a su cliente más de 500.000 euros.

    Calle entiende además que de nada ha servido la «encomienda de gestión» del Gobierno central a la Junta para que, después de la sentencia del Constitucional, Andalucía pudiera seguir ejerciendo las competencias del río durante seis meses. La encomienda entró en vigor el 7 de abril y culmina en la primera semana de octubre, y en principio el objetivo era salvaguardar la validez de los actos administrativos de la Agencia Andaluza del Agua. «Pues no es así —enfatiza Calle— porque se acaba de demostrar que podría ser válida para la gestión de los recursos, pero a efectos sancionadores la potestad no pude ser ejercida por delegación, y mucho menos por un órgano que es manifiestamente incompetente».

    Dos organizaciones profesionales que desde el primer momento enfatizaron su contrariedad por el traspaso de las competencias del Guadalquivir del Estado a la Junta por la vía del Estatuto, Asaja y Feragua, aplauden también las recientes decisiones judiciales.

    Emilio Vieira, asesor jurídico de Asaja, apunta que «la sentencia del Tribunal Constitucional es más clara que el agua, y nunca mejor dicho». Por tanto, «lo que se está haciendo es una huida hacia adelante permanente, y continuar con una situación de inseguridad jurídica para los usuarios del agua» en la cuenca del Guadalquivir. «Y ahora —se pregunta— cuánto dinero va a perder la Administración por no poder cobrar sus multas por meter la pata, desde luego cientos de miles de euros por descontado, y seguramente algunos millones. Porque los Juzgados de lo Contencioso están dictando nulidades por un tubo porque son de libro».

    Muchas sanciones

    El secretario general de la asociación de regantes Feragua, Pedro Parias, no es menos contundente. «Todas las multas que están en proceso de recurso se van a ir anulando, y la Junta alardea de que ha puesto muchas sanciones». Sobre la encomienda de gestión, Pedro Parias indica que si bien está recurrida, a efectos sancionadores puede que salvaguarde el cometido de la Agencia Andaluza del Agua, ya que en los últimos seis meses aunque es esta institución la que propone las multas, las resoluciones las firma el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

    En cualquier caso y al margen de las diferentes interpretaciones en materia de fechas, opina Pedro Parias que «esto es un ejemplo de lo que puede costar una decisión adoptada por las fuerzas políticas en el Estatuto. Son montones de millones por multas que pueden ser inservibles, a lo que hay que sumar el dinero que se están gastando los administrados en abogados. Es un ejemplo de la ineficacia y de la mala gestión. Es un dinero público y privado tirado a espuertas. Esto pasa por hacer las cosas mal, y ahora con la Ley Orgánica quieren volver a hacer las cosas mal».

  • Espiral de sentencias contra las sanciones sobre el Guadalquivir

    Espiral de sentencias contra las sanciones sobre el Guadalquivir

    24 de Noviembre de 2014

    Los jueces se amparan en el fallo del Tribunal Constitucional e inhabilitan con efecto retroactivo a la Agencia del Agua para ejercer competencias sancionadoras en el río

    Los tribunales están anulando la potestad sancionadora que en los dos últimos años ha tenido la Junta de Andalucía sobre el río Guadalquivir. La asociación de regates Feragua dice disponer de varias sentencias que anulan con efecto retroactivo estas sanciones, acogiéndose al fallo del Tribunal Constitucional que anuló el artículo 51 del Estatuto que transfería a la Junta las competencias sobre el río. No obstante, esta situación puede ser temporal, ya que la Junta negocia con el Gobierno la cesión de competencias a la ya lograda de la vigilancia del río, por lo que la potestad sancionadora puede volver a la Administración autonómica. Mientras tanto, y pese a que la Junta se afanó en rechazar que las sanciones tuvieran efecto retroactivo, las multas se encuentran en un limbo. Según ha podido conocer esta redacción, han sido unos 42.000 los expedientes sancionadores que ha tramitado la Junta desde 2009 y unos 20 millones de euros el montante ingresado en multas. 

    Como ejemplo, según informó ayer Europa Press, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número dos de Sevilla ha anulado una resolución emitida en marzo de 2010 por la Agencia Andaluza del Agua, para confirmar una sanción impuesta a una empresa. 

    Mediante una sentencia firme, la citada instancia judicial anula tal resolución al entender como "incompetente" a esta institución para ejercer competencias sancionadoras en cuanto a la cuenca hidrográfica del río Guadalquivir. 

    La sentencia, emitida el pasado 1 de septiembre, responde a las acciones judiciales emprendidas por la sociedad anónima laboral Hormigones y Bombeos Huévar, contra una resolución dictada el 26 de marzo de 2010 por la Gerencia de la Agencia Andaluza del Agua, confirmando una sanción de 601,01 euros impuesta a esta empresa. 

    La empresa en cuestión, representada por el abogado Francisco Calle, avisó en su recurso de la "nulidad de la resolución al haber sido dictada por una administración que carece de competencias en la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir". 

    El juez concluye que la Agencia Andaluza del Agua "ha de reputarse como órgano manifiestamente incompetente por razón de la materia, para sancionar los vertidos que afectaban a la cuenca del Guadalquivir a su paso por el término de Alcolea del Río" y resuelve que "el vicio" del conflicto no se origina con la publicación del fallo del TC sobre el texto estatutario en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sino "desde el momento de la entrada en vigor del precepto estatutario anulado, que asumió competencias que corresponden al Estado". 

    Esta sentencia inicial esgrime que la propia Ley Orgánica del Tribunal Constitucional estipula que "las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de leyes o disposiciones (...), no permitirán revisar procesos fenecidos (...), salvo en el caso de los procesos penales o contenciosos administrativos en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o la sanción o una exención o limitación de la responsabilidad". La sentencia en cuestión, que incluso es firme, no impone costas. 

    Ecologistas, regantes y organizaciones agrarias ya avisaron del "caos" administrativo en el que están inmersos y piden a la Junta que deje estas competencias en manos del Estado. Asaja por ejemplo pidió a la Junta la devolución de oficio de todas las sanciones y cánones cobrados desde el 1 de enero de 2009, así como la paralización de todos los expedientes en tramitación, por considerarlos nulos.


  • Escolarización: Un juez ordena admitir a un alumno en un colegio concertado

    Escolarización: Un juez ordena admitir a un alumno en un colegio concertado

    24 de Noviembre de 2014

    Sentencia Juz. Cont.-Adm. Sevilla (núm. 5) 272/2011, de 29 de junio

    RESUMEN: Educación. Requisitos para la admisión en un centro educativo: Tener una hermana cursando estudios en el mismo centro y residencia en la zona de influencia del centro. Puntuación relativa al «domicilio familiar». Acreditación del domicilio habitual. En la fecha de solicitud de admisión del menor en el centro educativo (y que correspondía al curso escolar que se considera) se aporta un domicilio que no se contradice por el acta de comprobación domiciliaria realizada por la Policía por ser ésta de fecha posterior.

    SENTENCIA

    En Sevilla, a 29 de junio de 2011.

    Vistas por Dña. MILAGROS VILLOSLADA PARRA, Magistrada-Juez del Juzgado Contencioso-Administrativo n.º 5 de los de Sevilla, las presentes actuaciones de Procedimiento Ordinario, seguidas con el número 270/09, e iniciadas en virtud de demanda deducida por D. Bernardo y DÑA. Enma, actuando en nombre y representación de su hijo menor de edad Octavio, representados por el Procurador D. Jaime Cox Meana y asistidos por el Letrado D. Francisco J. Calle Bautista, contra la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, asistida y representada por la letrada Dña. Tatiana Ayllón Vidal de Torres, dicta en nombre del Rey la presente, con fundamento en los siguientes

    ANTECEDENTES DE HECHO

    Primero.-En las presentes actuaciones que se sustancian por las reglas del Procedimiento Ordinario con el n° 270/09, la representación procesal de D. Bernardo y DÑA. Enma, actuando en nombre y representación de su hijo menor de edad Octavio, se interpuso recurso contencioso-admnistrativo frente a la resolución desestimatoria presunta, por silencio administrativo, del recurso potestativo de reposición interpuesto en fecha de 23 de septiembre de 2008 contra la resolución de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía de fecha 30 de julio de 2008 (E 66 y 68/08), por la que se acordaba estimar parcialmente las reclamaciones formuladas por los interesados que figuraban en el encabezamiento de dicha resolución, en nombre de sus hijos/as, menores de edad, contra el acuerdo del Sr./Sra. Titular del CC "Santo Angel de la Guarda" de Sevilla, por el que se publicaba la relación de alumnos admitidos y no admitidos en el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil de dicho Centro, para el curso 2008/2009, por nos ser la misma ajustada a Derecho, instando el Sr/Sra. Titular del Centro de referencia a retrotraer el proceso de admisión llevado a cabo en el mismo al momento inmediatamente anterior a la baremación, disponiendo la conservación y validez de los actos no declarados viciados en el procedimiento, realizando una nueva baremación del alumnado afectado por dicha resolución.?

    Segundo.-Mediante Providencia se admitió a trámite el recurso interpuesto, solicitándose la remisión del expediente administrativo a la Administración demandada, y una vez recibido el mismo, mediante providencia se hizo entrega del expediente a la parte actora a fin de que formalizase la demanda en el plazo de veinte días.

    En fecha de 27 de julio de 2009 se presenté escrito formalizando la demanda, en el que tras alegarse los hechos y fundamentos de derecho estimados de aplicación, se solicitó en el suplico se dictase Sentencia por la que se estimase el recurso y se ordenase la admisión del menor Octavio en primer curso de Educación Infantil den el CC "Santo Angel de la Guarde" de Sevilla, para el curso 2008/2009 o cursos sucesivos, con expresa imposición de costas a quienes se opusieran a dicha pretensión.

    Tercero.-Dado traslado a la Administración demandada a fin de que formulase el escrito de contestación a la demanda en el término de veinte días, por la letrada de la Junta de Andalucía se presentó el correspondiente escrito de contestación a la demanda.

    Mediante Auto de fecha 26 de octubre de 2009 se tuvo por contestada la demanda, se fijó la cuantía del recurso en indeterminada, y se acordó el recibimiento del pleito a prueba.

    Practicada la prueba propuesta y admitida a instancia de las partes con el resultado obrante en autos, se declaró finalizado el período de prueba y se acordó el trámite de conclusiones, dándose traslado a las partes a fin de que presentasen escritos de conclusiones. Presentado escrito de conclusiones de 23 de junio y 13 de julio de 2010 se declararon los autos conclusos para Sentencia.

    Cuarto.-En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales, a excepción del plazo para dictar Sentencia habida cuenta la gran carga de trabajo existente en este Juzgado.

    FUNDAMENTOS DE DERECHO

    Primero.-Constituye objeto del presente recurso la resolución desestimatoria presunta, por silencio administrativo, del recurso potestativo de reposición interpuesto en fecha de 23 de septiembre de 2008 contra la resolución de la Delegación Provincial de Sevilla de la Consejería de Educación de Junta de Andalucía de fecha 30 de julio de 2008 (E-66 y 68/08), por la que se acordaba estimar parcialmente las reclamaciones formuladas por los interesados que figuraban en el encabezamiento de dicha resolución, en nombre de sus hijos/as, menores de edad, contra el acuerdo del Sr./Sra. Titular del CC "Santo Angel de la Guarda" de Sevilla, por el que se publicaba la relación de alumnos admitidos y no admitidos en el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil de dicho Centro, para el curso 2008/2009, por no ser la misma ajustada a Derecho, instado al Sr./Sra. Titular del Centro de referencia a retrotraer el proceso de admisión llevado a cabo en el mismo al momento inmediatamente anterior a la baremación, disponiendo la conservación y validez de los actos no declarados viciados en el procedimiento, realizando una nueva baremación del alumnado afectado por dicha resolución.

    Por la parte recurrente se alega: Haber presentado en el centro escolar "Santo Angel de la Guarda" de Sevilla la preceptiva solicitud de admisión para el curso escolar 2008-2009 de su hijo menor Octavio, concretamente para el primer curso de Educación Infantil de dicho Centro; tener dicho menor una hermana (de madre), Evangelina, cursando estudios de 1.º de ESO en el mismo centro, así como haber residido siempre junto con sus padres y hermanos en el [...], zona de influencia del Centro, primeramente en la [...] de Sevilla, después en la [...] (domicilio que figuraba presentado en el curso presentado el 23/09/2008), y finalmente en la [...], donde residía en la actualidad; no proceder establecer una desigualdad entre hermanos de la misma familia ante situaciones iguales, habiéndose hecho constar como domicilio familiar a efectos de solicitud de admisión tanto para el menor Octavio como para su hermana Evangelina el domicilio real que a la fecha de la solicitud ocupaban en [...] de Sevilla, y sin que la falta de notificación del cambio de domicilio del menor Octavio pudiera ser determinante de su inadmisión.

    Segundo.-Por lo que respecta a las alegaciones realizadas por la letrada de la Junta de Andalucía de no haer considerarse como recurso el escrito deducido en fecha de 23 de septiembre de 2008, no reclamándose en dicho escrito la devolución de los puntos por domicilio familiar, solicitándose sin más la admisión del menor en el centro educativo por ser la zona que le corresponde y a fin de que aquél permanezca en su entorno, siendo por tanto imposible discutir en esta litis la retirada de la puntuación por "domicilio familiar" acordada en la Resolución de 30 de julio de 2008, por cuanto que se trataría de un acto firme y consentido y no sería objeto del presente procedimiento judicial, concurriendo causa de inadmisibilidad del recurso por actividad administrativa no susceptible de impugnación, las mismas deben ser desestimadas, en base a lo siguiente:

    Que tal y como se reconoce por la propia letrada de la Administración demandada e su escrito de contestación a la demanda, la resolución de 30 de julio de 2008 no pudo ser notificada a la parte recurrente hasta el día 9 de septiembre de 2008, fecha en que fue entregada al padre del menor en la propia Delegación Provincial de Educación.

    Que por tanto, en lo que concierne a escrito presentado en fecha de 23 de septiembre de 2008, examinado el contenido del mismo resulta razonable entender que en el mismo se viene a manifestar su disconformidad con la referida resolución de 30 de julio de 2008, dando una explicación al motivo por el cual no coincidía el domicilio alegado en solicitud de admisión del menor en el centro y el que figuraba el Acta de Comprobación Domiciliaría realizada por la Policía, cual era el de haber cambiado de domicilio en el mes de julio, por todo lo cual, y resultando de aplicación lo principios "pro actione" y de tutela judicial efectiva, dicho escrito de fecha 23 de septiembre de 2008 debe considerarse un poco recurso potestativo de reposición interpuesto en tiempo y forma contra la resolución de 30 de julio de 2008, siendo procedente examinar en el presente procedimiento si la retirada de la puntuación por "domicilio familiar" acordada en la referida Resolución de 30 de julio de 2008 es o no ajustada a Derecho.

    Tercero.-El artículo 11 del Decreto 53/2007 establece que "1. El domicilio se acreditará mediante certificación expedida por el Ayuntamiento respectivo.

    2. Se considerará como domicilio el habitual de convivencia de los padres, madres o tutores legales del alumnado o, en su caso, el del alumnado de bachillerato si vive en domicilio distinto de los de aquéllos. Cuando los padres, madres o tutores legales vivan en domicilios diferentes, se considerará como domicilio el de la persona con quien conviva el alumno o alumna y tenga atribuida la guarda y custodia del mismo.


    3. El lugar de trabajo del padre, madre o tutor legal del alumno o alumna se considerará como domicilio, a petición del solicitante, para la admisión del alumnado en el segundo ciclo de la educación infantil, en educación primaria y en educación secundaria obligatoria.

    4. Asimismo, el alumnado de bachillerato podrá optar, en su caso, por que se considere el domicilio de su lugar de trabajo para la valoración del escribo regulado en este artículo.

    5. Cuando se tenga en cuenta el lugar de trabajo, éste se acreditará mediante la aportación por un certificado expedido al efecto por el titular de la empresa o por el responsable de personal de la misma, en el caso de los trabajadores y trabajadoras que realizan su actividad laboral por cuenta ajena.

    En caso de que se desarrolle la actividad por cuenta propia, la proximidad del domicilio se acreditará mediante una "certificación acreditativa del alta en el Impuesto de Actividades Económicas y una declaración responsable de la persona interesada sobre la vigencia de la misma. En el supuesto de que no exista obligación legal de estar dado de alta en el Impuesto de actividades Económicas, de conformidad con la normativa vigente, el domicilio laboral se acreditará mediante la presentación de una copia autenticada de la correspondiente licencia de apertura expedida por el Ayuntamiento respectivo o alta en la Seguridad Social una declaración responsable del interesado sobre la vigencia de la misma."

    De este modo, en el caso que nos ocupa examinada la documentación obrante en autos, nos encontramos con lo que sigue:

    Que en la solicitud de admisión del menor (folios 12 y siguientes de los autos principales) se solicitó se tuviera en cuenta el domicilio sito en la [...] de Sevilla, obrando a los folios 15 y siguientes de los autos contrato de arrendamiento de dicha vivienda suscrito en fecha de 1 de noviembre de 2007; que obra al folio 18 de los autos principales certificado histórico individual del padrón en el que consta una modificación de domicilio acaecida en el mes de septiembre de 2008, siendo el nuevo domicilio el sito en [...], domicilio que igualmente figura en el recurso potestativo de reposición obrante al folio 11 de los autos; que obra al folio 29 de los autos principales solicitud con sello de presentación de fecha 17 de marzo de 2009, interesando se tuviera en cuenta el domicilio sito en la [...], figurando dicho domicilio en la certificación del padrón obrante al folio 20 de los autos principales.

    Por otro lado, por la parte recurrente se aporta junto con su escrito de demanda documentación consistente en: contrato de arrendamiento de la vivienda sita en la [...], de fecha 1 de noviembre de 2007 (folios 59 y siguientes); escritura de compraventa con subrogación y cancelación de condición resolutoria de fecha 9 de diciembre de 2008, en la que figura el domicilio sito en la [...] (folios 62 y siguientes).

    Finalmente, por la parte actora se solicitó la práctica de prueba documental, obrando al folio 127 de los autos certificación del colegio concertado "Santo Angel de la Guarda" en la que se hacía constar que la menor Evangelina había sido admitida en dicho centro para el curso de 1.º de ESO (2008/2009), y que el domicilio familiar que se había hecho constar en la solicitud de admisión había sido el sito en la [...], así como la práctica de prueba testifical en la persona de Dña. Eloisa (folio 131 de los autos), quien puso de manifiesto haber arrendado dicha vivienda a la parte recurrente en fecha de 1 de noviembre de 2007, habiéndose incurrido en un primer momento en error material al indicar que la vivienda arrendada estaba situada en la CALLE003, procediendo a corregir dicho error y a elaborar otro contrato, siendo así que el contrato se hizo por seis meses prorrogables y estuvo vigente más o menos hasta el día 30 de junio de 2008.

    Así pues, se considera acreditado que a la fecha de la solicitud de admisión del menor y hasta el día 30 de junio de 2008 el domicilio familiar se encontraba en la [...], domicilio que fue el que se hizo constar y fue tenido en cuenta en la solicitud de admisión de Evangelina, hermana del menor, circunstancia que no se ve contradicha por el Acta de Comprobación Domiciliaria realizada por la Policía, en la cual se ponía de manifiesto que dicho piso se encontraba deshabitado, toda vez que dicha Acta tiene fecha posterior a la de 30 de junio de 2008, esto es, tiene fecha de 18 de julio de 2008.

    Por todo ello, y en virtud de lo expuesto, debe estimarse la demanda, declarándose el derecho del menos Octavio a que se le reconozca la puntuación por domicilio familiar y ordenándose la admisión del referido menor Octavio en el CC "Santo Angel de la Guarda" de Sevilla.

    Cuarto.-No procede hacer expresa imposición de las costas -art. 139 LJCA-.

    FALLO

    Que debo estimar y estimo el recurso contencioso-administrativo promovido por la representación procesal de D. Bernardo y DÑA. Enma, actuando en nombre y representación de su hijo menor de edad Octavio, declarándose el derecho del menor Octavio a que se le conceda la puntuación correspondiente por domicilio familiar y ordenándose la admisión del referido menor Octavio en el CC "Santo Angel de la Guarda" de Sevilla. Sin costas.

    Notifíquese a las partes la presente Sentencia, con la indicación de que contra la misma pueden interponer recurso de apelación en el plazo de quince días, ante este Juzgado y para que ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, siendo requisito para la admisión del mencionado recurso de apelación acreditar que se ha efectuado el depósito para recurrir de 50 euros, exigidos en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial introducido por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de noviembre, salvo concurrencia de la exclusión del punto 5 de dicha Disposición Adicional o concesión de asistencia jurídica gratuita. El depósito deberá efectuarse en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de este Juzgado abierta en la entidad Banesto en la cuenta expediente (o cuenta del procedimiento) n.º 4128 0000 85 0270 09. ha de especificar en el campo concepto del documento de ingreso que se trata de un "Recurso".

    Así por esta mi sentencia, de la que se llevará certificación a los autos principales, lo pronuncio, mando y firmo.

    Diligencia.- DE PUBLICACIÓN.- Publicada ha sido la presente resolución, doy fe.